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Opinión Invitada: Precios de Transferencia en Costa Rica

Agosto/ En una economía de mercado, las operaciones mercantiles se determinan mediante las leyes de la oferta y la demanda, en donde se supone que hay condiciones de plena competencia entre todas las partes.

Sin embargo, si una empresa es casa matriz, es un establecimiento permanente  o forma parte de un grupo económico, puede que trance  con sus empresas hermanas precios distintos de los que dictan las fuerzas de mercado, precisamente porque su realidad es la vinculación económica y/o jurídica.

A estos precios distintos de los que pactarían entre empresas no relacionadas entre sí se les conoce como “precios de transferencia”, los cuales se dan ya sea por estrategia comercial, o bien como una forma de reducir impuestos modificando la base imponible y aprovechando jurisdicciones con condiciones tributarias más favorables.

En los casos de las empresas de un mismo grupo de interés económico se dan condiciones especiales, según las cuales, las naturales contraposiciones de intereses entre comprador y vendedor se desdibujan en procura del interés, no solo fiscal sino de mercado, eficiencias operativas y de costos que refuerzan la razón de ser de los precios de transferencia.

Las Administraciones Tributarias (AT) han reaccionado ante la posibilidad que los precios de transferencia modifiquen la base tributaria nacional en sus respectivas jurisdicciones y que con esta estrategia se reduzca el pago de impuestos. Para lograr lo anterior, las AT velan porque se cumpla el principio de plena competencia o “arm’s legth”, que consiste en que las transacciones que se lleven a cabo con partes relacionadas, ya sean locales o en el exterior, deben realizarse en las mismas condiciones con que se realizarían con una empresa no relacionada; por supuesto que esto comporta una licencia jurídica, conocida como ficción legal ya que ignora por fuerza normativa la condición de realidad apartándose de ésta para emular la transacción como si la vinculación no existiese.

Los beneficios obtenidos de dichas condiciones favorables podrán incluirse en la empresa que se vea beneficiada y, en consecuencia, someterse a imposición. O sea, se fiscaliza los precios pactados entre empresas vinculadas y se realiza la corrección de la base imponible por el diferencial determinado, en caso que se demuestre que los precios pactados entre ellas no son de libre competencia.

Cada vez son más las legislaciones que se suman a regular los precios de transferencia y Costa Rica no piensa quedarse atrás. Prueba de lo anterior es que el pasado 13 de setiembre del año en curso el poder ejecutivo hizo la publicación del decreto 37898-H que regula la materia. Es por lo anterior que más empresas ya han incluido entre sus estrategias comerciales la planificación fiscal internacional y la realización de estudios de precios de transferencia, con lo que, el responsable de un negocio debe preguntarse: ¿Estoy preparado para afrontar la nueva regulación de precios de transferencia?

Antecedentes
•    En Costa Rica sucedía una situación particular y es que la Administración Tributaria utilizaba una directriz interpretativa, la número 20-03, para fiscalizar los precios de transferencia. La Sala Constitucional mediante voto 4940-2012 respaldó esta directriz.
•    Lineamientos de los Precios de Transferencia para Empresas Multinacionales y Administraciones Tributarias, publicadas por la OCDE y actualizadas en el 2010, es lo que utilizaba la Administración Tributaria para fiscalizar sobre precios de transferencia.

Generalidades del Decreto
¿Quiénes tienen riesgo de ser fiscalizados?
•    El decreto 37898-H afecta a todos aquellos contribuyentes que celebren operaciones entre partes relacionadas. La vinculación entre empresas puede ser formal o económica, e incluye a las empresas en Zonas Francas.

Documentación
•    Las pautas generales de documentación las establece el artículo 9 que señala que la información deberá estar disponible en idioma castellano y deberán ser conservadas por un plazo de 5 años. La información que debe conservarse es tanto relativa al contribuyente como al grupo empresarial y a las partes relacionadas con quien lleva a cabo operaciones.

Sanciones
El proyecto de decreto es omiso en indicar las sanciones aplicables en caso de que el contribuyente que lleve a cabo operaciones con partes relacionadas, no presente los documentos y el análisis suficiente para valorar su relación con dichas partes. No obstante, el artículo 128 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (CNPT) establece que es un deber formal del contribuyente presentar las declaraciones que correspondan.

De la misma forma la nueva ley 9068 que modifica el artículo 83 del CNPT indica que constituye una infracción tributaria el incumplimiento en el suministro de información, lo cual se sanciona con una multa de un 2% sobre la cifra de ingresos brutos del infractor.

•    Artículo 83.- Incumplimiento en el suministro de información
En caso de incumplimiento en el suministro de información, se aplicará una sanción equivalente a una multa pecuniaria proporcional del dos por ciento (2%) de la cifra de ingresos brutos del sujeto infractor, en el período del impuesto sobre las utilidades, anterior a aquel en que se produjo la infracción, con un mínimo de diez salarios base y un máximo de cien salarios base. De constatarse errores en la información suministrada, la sanción será de un uno por ciento (1%) del salario base por cada registro incorrecto, entendido como registro la información de trascendencia tributaria sobre una persona física o jurídica u otras entidades sin personalidad jurídica.

¿Por qué se deben tomar medidas? La aplicación del principio de plena competencia, conlleva riesgos implícitos para aquellas empresas que no ajusten sus transacciones de acuerdo a precios de mercado, tal y como la relación se dieran entre sujetos independientes.

Estas empresas estarían expuestas a fiscalizaciones ajustes por parte de la Dirección General de Tributación, los cuales podrían traducirse en pagos no comtemplados de montos elevados de impuesto sobre la renta, y sanciones que lastimen la situación financiera, además de la reputación de la empresa.

Este riesgo puede ser mitigado mediante la aplicación de medidas oportunas, el diagnóstico de la estructura del grupo económico del cual se forma parte, la medición del riesgo al que se esta expuesto dependiendo de las transacciones que se realicen con partes relacionadas (por tamaño y tipo) y en última instancia, de acuerdo al diagnóstico, mediante la elaboración de un Estudio de Precios de Transferencia, que sirva como medio de prueba a favor de la empresa en caso de verse sometida a un proceso de fiscalización, que según las normas previstas en el reglamento será de todas maneras obligatorio.

Eduardo Vargas
Fiscalidad Internacional
Grupo Camacho